La primera vez que fui elegido para la Knesset (el parlamento israelí), me horrorizó lo que encontré. Descubrí que, con raras excepciones, el nivel intelectual de los debates estaba cercano a la nada. Consistía principalmente de rosarios de clichés que incluían la más amplia variedad de lugares comunes. Durante la mayoría de los debates, el recinto estaba casi vacío. La mayoría de los que participaban hablaban un hebreo vulgar. Cuando se votaba, muchos de los miembros no tenían la menor idea de qué estaban apoyando o a qué se estaban oponiendo con su voto: se limitaban a acatar disciplinadamente las órdenes de su partido.
Corría el año 1967, y entre los miembros de la Knesset figuraban Levy Eshkol  y Pinhas Sapir, David Ben-Gurion y Moshe Dayan, Menahem Begin y Yohanan Bader, Meir Yaari y Yaakov Chazan, políticos cuyos nombres hoy identifican calles, carreteras y barrios de Israel.
Sin embargo, comparada con la actual Knesset, aquélla nos hace pensar en la Academia de Platón.
Lo que más me asustó entonces fue la predisposición de los parlamentarios a aprobar leyes irresponsables en nombre de una efímera popularidad, sobre todo en momentos de histeria masiva. Una de mis primeras iniciativas fue presentar un proyecto de ley que habría creado una segunda cámara, una especie de Senado, integrada por personalidades destacadas, y que tendría la facultad de suspender la aprobación de nuevas leyes y de obligar a la Knesset a reconsiderarlas después de un tiempo. Esto, al menos eso era lo que yo esperaba, impediría que las leyes fueran aprobadas a las apuradas.
El proyecto no fue tomado en serio, ni por la Knesset ni por la opinión pública. De hecho, la Knesset lo rechazó casi por unanimidad. (Años después, varios de los miembros que lo habían rechazado me dijeron que lamentaban haberlo hecho.) Los diarios ridiculizaron el proyecto llamando a la cámara que yo proponía crear “la Cámara de los Lores”. El diario Haaretz le dedicó a la propuesta una página entera de caricaturas, en las que yo aparecía vestido como un par de la corona británica.

DE AYER A HOY
Pero lo cierto es que no ha habido freno desde entonces. La producción de leyes irresponsables, la mayoría de ellas racistas y antidemocráticas, está a la orden del día. Cuanto más se inclina el gobierno a convertirse en una asamblea de piratas políticos, más disminuye la probabilidad de impedir ese tipo de leyes. El gobierno actual, el más abyecto y más despreciado de la historia de Israel, está colaborando con los miembros de la Knesset que presentan esos proyectos de leyes, e incluso directamente presentándolos como iniciativas propias.
El único obstáculo que se alza para oponerse a esta barbaridad es la Corte Suprema. Habida cuenta de que no existe una Constitución escrita, este cuerpo ha asumido la responsabilidad de anular las leyes escandalosas que violan la democracia y los derechos humanos. Pero la Corte Suprema, por su parte, está acosada por derechistas que quieren destruirla y, por lo tanto, se está moviendo muy cautelosamente, de modo que se limita a intervenir en los casos más extremos.
Así, la situación que se ha suscitado es decididamente paradójica: el Parlamento, la expresión más alta de la democracia, le está planteando una funesta amenaza a la democracia israelí.
El hombre que personifica más que ningún otro este fenómeno es el parlamentario Michael Ben-Ari, de la Unión Nacional, heredero de Meir Kahane, cuya organización Kach (Así), fue proscripta hace ya muchos años por su sesgo abiertamente fascista.
Kahane fue elegido una sola vez para formar parte de la Knesset. En aquel momento, la reacción de los otros parlamentarios fue inequívoca: cada vez que Kahane tomaba la palabra casi todos se retiraban del recinto. El rabino tenía que exponer sus puntos de vista ante un puñado de colegas ultraderechistas.
Hace unas semanas visité la actual Knesset por primera vez desde que fuera elegida. Fui a escuchar un debate acerca de un tema que me preocupa: la decisión de la Autoridad Palestina de boicotear los productos de los asentamientos, doce años después de que Gush Shalom iniciara este boicot. Pasé un largo rato en el edificio, y a medida que pasaban las horas mi repugnancia iba en aumento.
La causa principal fue una circunstancia de la que no había sido consciente: el parlamentario Ben-Ari, discípulo y admirador de Kahane, es el que lleva la voz cantante. No sólo no es un intruso aislado instalado en los márgenes de la vida parlamentaria como lo había sido su mentor sino que, por el contrario, está en el primer plano de la escena. Y pude ver cómo los miembros de casi todas las otras bancadas se arremolinaban en torno a él en la cafetería y, luego, escuchaban atentamente sus intervenciones en el recinto. No cabe ninguna duda de que el kahanismo, la versión israelí del fascismo, ha pasado de un papel secundario a un papel de protagonista.
No hace mucho, el país fue testigo de una escena que pareció estar copiada del Parlamento de Corea del Sur o de Japón.

DISPUTAS EN LAS BANCAS
La parlamentaria Haneen Zoabi, del partido nacionalista árabe Balad, se acomodó en la banca del presidente de la Knesset y trató de explicar por qué se había unido a la flotilla de ayuda a Gaza que había sido atacada por la armada israelí. La parlamentaria Anastasia Michaeli, miembro del partido de Lieberman, saltó de su banca y corrió hacia Zoabi gesticulando y profiriendo aullidos espeluznantes, y con la firme intención de desalojarla del estrado. Otros parlamentarios se levantaron de sus bancas decididos a ayudar a Michaeli. Una amenazante multitud de otros parlamentarios rodeó al presidente de la Knesset. Con gran dificultad el personal de seguridad logró evitar que Zoabi fuera lastimada. Uno de los parlamentarios varones la increpó a grito pelado, protagonizando una típica mezcla de racismo y sexismo: “¡Vaya a Gaza y fíjese lo que le hacen a una mujer soltera de 41 años!”.
No se podría imaginar un contraste mayor que ése entre las dos parlamentarias. Mientras Haneen Zoabi pertenece a una familia cuyas raíces en Nazaret se remontan a siglos atrás, tal vez a los tiempos de Jesús, Anastasia Michaeli nació en la (entonces) Leningrado. Después de ser elegida “Miss San Petersburgo” se convirtió en modelo, se casó con un israelí, se convirtió al judaísmo, y emigró a Israel a los 24 años, pero no por eso renunció a su nombre de pila, decididamente ruso. Ha tenido ocho hijos. Michaeli bien podría ser candidata a convertirse en la Sarah Palin israelí, la política norteamericana que también alguna vez fue, después de todo, reina de belleza…
Hasta donde pude enterarme, no hubo un solo parlamentario judío que levantara un dedo para defender a Zoabi durante el incidente. Apenas se oyó una tibia protesta del presidente de la Knesset, Reuven Rivlin, y de un representante de Meretz, Chaim Oron.
En sus 61 años de existencia, nunca se había visto en la Knesset nada semejante. En menos de un minuto, la asamblea soberana se convirtió en una horda parlamentaria sedienta de sangre.
No es necesario coincidir con la ideología de Balad para respetar la admirable personalidad de Haneen Zoabi. Se expresa fluida y persuasivamente, ha obtenido dos títulos en sendas universidades israelíes, lucha por los derechos de las mujeres que forman parte de la comunidad árabe-israelí, y es la primera parlamentaria mujer de un partido árabe que integra la Knesset. La democracia israelí podría estar orgullosa de ella. Pertenece a una numerosa familia extensa árabe. El hermano de su abuelo fue intendente de Nazaret, uno de sus tíos fue viceministro y otro fue juez de la Corte Suprema. (Dicho sea de paso, el día que me incorporé a la Knesset propuse que otro miembro de la familia Zoabi fuera elegido presidente del cuerpo).
Esta semana, la Knesset decidió aprobar por amplia mayoría una propuesta de Michael Ben-Ari, apoyada por parlamentarios del Likud y de Kadima, por la cual se despojaba a Haneen Zoabi de sus fueros parlamentarios. Antes de eso, el ministro del Interior Eli Yishai ya le había pedido al asesor legal del gobierno que aprobara su propuesta de despojar a Zoabi de su ciudadanía israelí por traición a la patria. Uno de los miembros de la Knesset la increpó diciéndole: “¡Usted no puede estar más en la Knesset israelí! ¡Usted no tiene derecho a un documento de identidad israelí!”
Ese mismo día, la Knesset tomó medidas contra el fundador del partido de Zoabi, Azmi Bishara. En una audiencia preliminar, aprobó un proyecto de ley -apoyado también por parlamentarios del Likud y de Kadima-, por el cual se privaba a Bishara de su pensión, de la que gozaba después de su renuncia a la Knesset. (Actualmente, Bishara vive en el exterior, después de haber recibido la amenaza de ser acusado de espionaje.)
Los orgullosos autores de estas iniciativas, que cuentan con un apoyo masivo del Likud, de Kadima, del partido de Lieberman y de todas las facciones religiosas, no ocultan su intención de expulsar a todos los árabes del Parlamento y de instaurar a la postre una Knesset puramente judía. Las últimas decisiones de la Knesset no son sino una parte de una prolongada campaña que, semana tras semana, da lugar a nuevas iniciativas de parlamentarios hambrientos de notoriedad que saben que cuanto más racistas y antidemocráticos sean sus proyectos de ley más populares serán entre quienes están dispuestos a votarlos.
Esa impronta ha tenido la decisión tomada en las últimas semanas por la Knesset, según la cual a un candidato al Parlamento se le reconocerá la ciudadanía siempre y cuando jure su lealtad a Israel como “Estado judío y democrático”, lo que implica exigir a los árabes (en especial a aquellos que son extranjeros y, además, están casados, o casadas, con ciudadanos árabes) que adhieran a la ideología sionista. Algo que sería más o menos lo mismo que exigirles a los nuevos ciudadanos norteamericanos que juraran lealtad a Estados Unidos como un “Estado blanco, anglosajón y protestante”.

SIN LÍMITES
Lo cierto es que, desde hace mucho tiempo, parece no haber límites para esta irresponsabilidad parlamentaria. Por otro lado, esto no involucra solamente a la representación parlamentaria de más del 20 por ciento de la ciudadanía israelí, sino que muestra una tendencia decididamente creciente a despojar a todos los ciudadanos árabes de su ciudadanía.
Esta tendencia se relaciona con el ataque sin cuartel al estatus de los árabes en Jerusalén oriental.
Esta semana estuve presente en la audiencia que celebraron los magistrados de Jerusalén a propósito de la detención de Muhammed Abu Ter, uno de los cuatro miembros que representan a Hamas en el Parlamento palestino de Jerusalén. La audiencia se llevó a cabo en una sala minúscula en la que no caben más de una docena de espectadores. Me costó mucho conseguir un lugar.
Después de haber sido elegidos en comicios democráticos, un derecho que Israel se había comprometido a respetar tras haber firmado el acuerdo de Oslo (una de cuyas cláusulas permitía a los árabes participar en las elecciones que se celebraran en Jerusalén oriental), el gobierno anunció que su estatus de “residentes permanentes” había sido revocado.
¿Cuál es el significado de esta decisión? Cuando Israel se “anexó” Jerusalén oriental, en 1967, el gobierno no soñaba con conferirle la ciudadanía a sus habitantes, lo que habría aumentado significativamente el porcentaje de votantes árabes en Israel. Tampoco se le ocurrió adjudicarles un nuevo estatus. A falta de otras alternativas, los habitantes árabes de Jerusalén oriental se convirtieron en “residentes permanentes”, una condición concebida para distinguir a los extranjeros que desean quedarse a vivir en Israel. El Ministerio del Interior tiene el poder de revocar este estatus y deportar a esos “residentes permanentes” a sus respectivos países de origen.
Pero, naturalmente, estaba claro que esa definición no debía aplicarse a los habitantes de Jerusalén oriental. Ellos, y sus antepasados, que habían nacido allí, no sólo no tienen ninguna otra ciudadanía sino tampoco otro lugar de residencia. La revocación de su estatus los convierte en un pueblo políticamente sin patria y totalmente desprotegido.
Los funcionarios judiciales del Estado adujeron en los tribunales que, tras la cancelación de su estatus de “residente permanente”, Abu Ter se convertía de hecho en una “persona ilegal” cuya negativa a abandonar la ciudad autorizaba al gobierno a arrestarlo indefinidamente y sin dar mayores explicaciones.
(Pocas horas antes, la Suprema Corte había considerado una petición nuestra en la que solicitábamos una investigación acerca del incidente con la flotilla que se dirigía a Gaza. Obtuvimos una victoria parcial, pero significativa: por primera vez en su historia, la Corte Suprema accedió a intervenir en una cuestión que solía quedar en manos de una comisión investigadora. Y dictaminó que, en caso de que la comisión en cuestión requiriera el testimonio de oficiales de las fuerzas armadas y el gobierno tratara de impedirlo, la Corte debía intervenir.)
Los que tratan de engañarse creyendo que la horda parlamentaria perjudicará “sólo a los árabes”, están muy equivocados. En todo caso deberían preguntarse: ¿a quién le tocará después?
Esta semana la Knesset comenzó a tratar un proyecto de ley según el cual se le imponen severas penas a cualquier israelí que, en general, apoye un boicot a Israel, y, en particular, a las empresas económicas, las universidades y otras instituciones israelíes, entre ellas los asentamientos. Cualquiera de esas instituciones deberá pagar una indemnización de 5.000 dólares por cada uno de sus miembros que apoye el boicot.
La exhortación a un boicot es un modo de expresión eminentemente democrático. Yo estoy decididamente en contra de un boicot general a Israel; pero, inspirándome en Voltaire, estoy dispuesto a defender el derecho que les asiste a todos aquellos que quieran convocar a un boicot. El verdadero objetivo del proyecto de ley, por supuesto, es proteger a los asentamientos: lo que se propone es disuadir a los que llaman a boicotear los productos de los asentamientos instalados en las tierras ocupadas que se encuentran fuera de los límites del Estado. Esto nos incluye a mí y a mis amigos.
Desde su fundación, Israel nunca ha dejado de jactarse de ser “la única democracia de Oriente Medio”. Este argumento es la joya de la corona de la propaganda israelí. Y la Knesset es el símbolo de esta democracia.
Al parecer, la horda parlamentaria que se ha adueñado de la Knesset está decidida a destruir esta imagen de una vez por todas para que, sea como sea, Israel encuentre su lugar en algún territorio enclavado entre Libia, Yemen y Arabia Saudita.

* Activista israelí de la organizacion Gush Shalom por la paz en Oriente Medio y ex miembro de la Knesset.